Pamela Jiles y Florcita Motuda ponen a disposición su cargo para sacar a Piñera ¿y el resto?

Pamela Jiles y Florcita Motuda ponen a disposición su cargo para sacar a Piñera ¿y el resto?

Quien ideó este plan fue la “abuela”, quien a través de Twitter el viernes 17 de enero puso su cargo a disposición:


La abuela puso a disposición su cargo de diputada para sacar a Piñera

“A l@s much@s que me preguntan: propongo #ReferendumRevocatorio ahora para sacar a @sebastianpinera y llamar a elecciones generales -de diputados, la totalidad del Senado (no sólo el 50%) y de presidente- en el plazo de noventa días. Así entrego mi cargo feliz a mis sin monea“, redactó la parlamentaria.

En otro tweet, continuó su idea y profesó: “No terminará su período pese al esfuerzo de la clase política por salvarlo. Vías posibles: referéndum revocatorio en abril u otra fecha, el Senado puede declararlo inhábil, nueva Acusación Constitucional por causal distinta, o renuncia al cargo“.

Florcita Motuda también se suma a Pamela Jiles

Quien se sumó sin pensarlo fue Florcita Motuda, fiel a su estilo. “Me sumo. Entrego mi cargo (el único empleo que me hizo levantar a las 6 de la mañana) y que me soportó comiendo huevos duros. La abuela sabe y yo la quiero mucho. Aunque a veces la odie para no ser tan rayado y ser diverso. ‘Con espíritu, TODO; sin espíritu, NADA”.

“Si miramos el porcentaje que tiene el Gobierno de un 6%, podríamos hacer una cosa interesante entre todos, llevar a un referéndum revocatorio y salir todos, irnos todos los diputados, todos los senadores, el Presidente, el Tribunal Constitucional, para que se hagan elecciones nuevas, todo de cero”, planteó.


“No se pueden solucionar las cosas los que estamos acá, tenemos que irnos para que después de 90 días se hagan elecciones libres”, añadió.

¿Qué pasa en Chile que el Congreso no saca a Piñera?

Entre tongos y montajes: la parlamentarización del conflicto social

En los últimos tres meses hemos visto como el parlamento chileno ha tratado cualquier tema y en cualquier orden, lo que terminó beneficiando en gran manera a la tiranía, injusticia y violaciones a los Derechos Humanos.

Si el parlamento hubiese comenzado por acusar constitucionalmente al poder ejecutivo, la historia sería otra. En su lugar, decidieron embarcarse desde el día uno en la discusión de rebajarse el sueldo, la dieta parlamentaria… y el tiempo pasó.

La parlamentarizacion del conflicto social en Chile te lleva a creer en falsas ilusiones y celebrar algo así como que se fracturó el bloque de Chile vamos (cuando el primero que se rompió por la crisis fue Frente Amplio).


Jacqueline Van Rysselberghe firmando acuerdo por la paz chile noviembre 2019
Los mismos de siempre

Todo esto mientras la tiranía sigue torturando, violando y matando gente.  A tres meses del estallido social, no se ganó nada: sólo hubo cuantiosas pérdidas humanas y mutilaciones, mientras los parlamentarios discuten por sus privilegios.

El pasado 4 de diciembre 2019 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas: con 127 votos a favor (entre ellos la mayoría del Frente Amplio), 7 en contra y 13 abstenciones.

La traición de Gabriel Boric y Catalina Perez

Entre los grandes traidores del pueblo están Gabriel Boric (de Convergencia Social) y Catalina Perez (de Revolución Democrática), ambos miembros del Frente Amplio.

Aquí sus firmas en el «Acuerdo por la Paz» de noviembre 2019 para garantizarle continuidad al gobierno asesino de Sebastián Piñera:

firmas del acuerdo por la paz noviembre 2019, incluido Gabriel Boric (CS) y Catalina Perez (RD)

Diputados en contra de la ley antisaqueos y anticapucha

Los únicos diputados que votaron en contra de la tipificación fueron Florcita Motuda (PH), Pamela Jiles (PH), Félix González (Partido Ecologista), Amaro Labra (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Emilia Nuyado (PS) y Esteban Velásquez (FREVS).


Es claro que a la mayoría de los parlamentarios no les gusta que les toquen sus privilegios, ellos discuten en un mundo aparte al de la calle.

Se nota y mucho ya que viven en otra órbita ganando más de 15. 000 dólares al mes un diputado y 25.000 dólares al mes un senador en Chile, una verdadera locura de plata que pagamos todos con los impuestos.

No se puede dar la discusión sobre la superficie como lo hace el parlamento.

Peligro de la ley anticapucha

La ley anticapucha busca agregar al artículo 269 del Código Penal, el cual tipifica el delito de desorden público: “Quienes cubran su rostro intencionalmente con el propósito de ocultar su identidad, mediante el uso de capuchas, pañuelos u otros elementos análogos, serán sancionados con la pena establecida en el mencionado inciso, aumentada en un grado”.

Es decir que, quienes cubran su cara en un contexto de marcha, será arrestado y arriesgaría ser sancionado con reclusión menor en su grado medio, esto va desde 541 días a 3 años de prisión.

¿Qué pasaría si la persona no usa capucha, pero la detienen igual por esta ley y la acusan y llevan preso? Porque en última instancia todos sabemos quiénes son los encargados de llevar “la ley” a las calles.

Sería similar el caso a la polémica ley de Seguridad de Estado (ley antiterrorista), que termina por apresar a líderes mapuches, solo por portación de cara, de apellido y de rol social en una comunidad que se ha defendido por más de 500 años.

Todos somos conscientes de los famosos “tongos” y “montajes”, sabemos que muchas escenas, supuestos suicidios de líderes sociales y ambientales, son parte de un entramado institucional mayor.

¿Qué nos hace pensar que la ley anticapucha y antisaqueos será diferente? ¿Son la solución? ¿O se sigue pretendiendo apagar un incendio con más combustible?

Durante el mes de octubre y noviembre de 2019 se han visto videos con miles de reproducciones en redes sociales que mostraban efectivos de las fuerzas orquestando y facilitando saqueos en numerosas ciudades de Chile.

El ocaso de la institucionalidad chilena

Si algo tenemos claro es que desde el estallido del 18 de octubre hasta hoy lo que está en jaque es la institucionalidad chilena, esa misma alabada por liberales de todo el mundo y generadora de pobres.

Esa misma institucionalidad que sigue gobernando con sus reglas, con sus funcionarios, y que pretende continuar normándonos la vida a pesar de estar en su nivel más bajo de credibilidad.

541 días de cárcel para el que cante “el que baila pasa” en la calle, ¿cuál será la prueba del delito para llevar presa a la gente? ¿Van a filmar a la par que reprimen? Porque las cámaras Go Pro después resulta que no graban – ni siquiera llevan identificación policial más de uno-. Así estamos.